La Secretaría de Seguridad reconoce abusos durante la protesta de Guadalajara. Los agentes podrían perder su empleo mientras las autoridades revisan más de 200 videos para establecer responsabilidades.
La protesta por el agua sucia en Guadalajara terminó con 17 policías estatales bajo investigación, luego de que las autoridades reconocieron posibles abusos contra los manifestantes.
El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó este jueves 15 de octubre que los agentes fueron identificados mediante videos y declaraciones.
Los uniformados participaron en el operativo del domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, donde ciudadanos exigían soluciones a la contaminación del agua potable.
La manifestación terminó con enfrentamientos, personas lesionadas y numerosas detenciones, mientras ciudadanos y organizaciones civiles denunciaron golpes, amenazas y otras agresiones cometidas por policías.
Más de 200 videos ponen contra la pared a los agentes
La Dirección de Asuntos Internos reunió más de 200 grabaciones tomadas desde distintos ángulos, con las cuales comenzó a reconstruir la actuación de los uniformados.
Hernández González explicó que las imágenes y los testimonios permitieron identificar a 17 agentes que posiblemente utilizaron fuerza excesiva durante la movilización del domingo.
“Actuaron fuera de los protocolos, reaccionaron de forma desproporcional y al parecer hicieron uso indebido de la fuerza”, reconoció el funcionario durante una conferencia de prensa.
Los policías fueron llamados a declarar ante Asuntos Internos y podrían recibir sanciones que van desde una amonestación hasta su separación definitiva del cargo.
Las investigaciones también revisarán la responsabilidad de los mandos que participaron en el operativo, para establecer si dieron instrucciones indebidas o permitieron las agresiones.
El gobierno reconoce que sus policías se excedieron
El secretario aseguró que las investigaciones fueron ordenadas por el gobernador Pablo Lemus y que cualquier conducta irregular deberá recibir una sanción conforme a la ley.
“No vamos a permitir que esta situación vuelva a suceder”, declaró Hernández González al reconocer que durante el operativo policial del domingo se cometieron errores graves.
También pidió a las personas agredidas presentar denuncias y entregar grabaciones que permitan identificar a otros elementos involucrados en los hechos ocurridos frente a Casa Jalisco.
El reconocimiento llega después de que el gobierno estatal atribuyó inicialmente los enfrentamientos a la presencia de presuntos grupos violentos entre quienes participaron en la manifestación.
Sin embargo, las denuncias de ciudadanos golpeados y detenidos provocaron cuestionamientos sobre la actuación policial, mientras comenzaron a circular videos de las agresiones en redes sociales.
Sheinbaum preguntó quién ordenó la represión
La presidenta Claudia Sheinbaum también intervino en la controversia y solicitó que se investigaran las denuncias de violencia policial y posibles actos de tortura.
Durante su conferencia del miércoles 14 de octubre, la mandataria cuestionó la actuación de las autoridades estatales y preguntó quién había ordenado utilizar la fuerza contra manifestantes.
El gobernador Pablo Lemus reconoció previamente que hubo detenciones injustificadas y prometió sancionar los abusos, mientras organizaciones civiles solicitaron investigaciones independientes sobre los acontecimientos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió un llamado presidencial para revisar el caso, particularmente las denuncias relacionadas con agresiones físicas y malos tratos.
La protesta era por agua y terminó en denuncias de violencia
La movilización comenzó por las quejas de habitantes de Guadalajara y municipios vecinos que reciben agua turbia, maloliente o considerada inadecuada para sus necesidades domésticas.
Los inconformes exigían soluciones al suministro, información sobre su calidad y responsabilidades por un problema que afecta desde hace años a distintas colonias metropolitanas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos también denunciaron que algunas personas detenidas sufrieron agresiones y malos tratos, señalamientos cuya responsabilidad todavía debe determinarse mediante investigaciones.
El gobierno de Jalisco enfrenta ahora dos problemas distintos: mejorar el suministro de agua y esclarecer las agresiones cometidas durante una manifestación convocada precisamente por ese servicio.
La investigación contra los 17 policías constituye un primer paso administrativo, pero todavía falta conocer las sanciones y determinar si existen responsabilidades penales por las agresiones.
Por ahora, ninguno de los agentes investigados ha sido declarado culpable mediante una resolución definitiva, aunque la propia Secretaría de Seguridad reconoce posibles actuaciones contrarias a sus protocolos.
Los ciudadanos salieron a exigir agua limpia y terminaron denunciando golpes policiales. Cuatro días después, el gobierno estatal investiga a quienes debían garantizar su seguridad.
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