La academia policial de Querétaro reveló algo mayor que un pleito protocolario. Estados Unidos puede relacionarse directamente con gobernadores mexicanos en inversión, seguridad y cooperación. El límite aparece cuando una de esas puertas conduce hacia facultades federales.
Durante décadas, la relación entre México y Estados Unidos pareció tener una puerta principal: Washington hablaba con Palacio Nacional y las grandes decisiones bilaterales atravesaban inevitablemente la Federación.
Esa puerta continúa allí. La diferencia es que alrededor existen otras 32, correspondientes a gobiernos estatales con intereses económicos, fronterizos, migratorios y de seguridad propios.
Estados Unidos no acaba de descubrirlas. Gobernadores mexicanos llevan décadas viajando, recibiendo embajadores, promoviendo inversiones, firmando acuerdos institucionales y construyendo relaciones con autoridades extranjeras.
Lo ocurrido en Querétaro simplemente iluminó hasta dónde puede conducir una de esas entradas cuando la cooperación abandona promoción económica o intercambio técnico y alcanza seguridad.
Mauricio Kuri recibió al embajador Ronald Johnson y ambos colocaron la primera piedra de una academia policial destinada a capacitación especializada con participación estadounidense.
Claudia Sheinbaum respondió que semejante proyecto necesitaba coordinación y autorización federal. Cancillería confirmó después que había conocido la visita diplomática, pero no el mecanismo de cooperación anunciado.
El episodio parece pequeño frente a la dimensión cotidiana de la relación bilateral. Sin embargo, dejó expuesta una pregunta política considerablemente mayor que aquella academia.
¿Quién administra la relación con Estados Unidos cuando Washington descubre que México no solamente tiene Presidenta, sino gobernadores capaces de construir sus propios vínculos internacionales?
Los gobernadores sí pueden mirar hacia afuera
Existe una primera precisión indispensable. La Constitución prohíbe a los estados mexicanos celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras. Eso no significa encerrarlos dentro de sus fronteras.
La propia legislación mexicana permite que dependencias federales, estatales y municipales celebren acuerdos interinstitucionales con órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales dentro de sus respectivas atribuciones.
La Suprema Corte incluso ha reconocido esa posibilidad al distinguir claramente entre un tratado internacional, reservado al Ejecutivo federal con intervención senatorial, y los acuerdos interinstitucionales locales.
Los gobiernos estatales pueden desarrollar cooperación técnica, relaciones económicas, hermanamientos e intercambios internacionales. México lleva años practicando esa diplomacia desde abajo sin llamarla política exterior independiente.
La condición es importante: cuando existe un acuerdo interinstitucional, las autoridades deben informar a Relaciones Exteriores para que la Cancillería determine su procedencia y lleve el registro correspondiente.
La puerta lateral, por tanto, existe legalmente.
El problema comienza cuando alguien intenta convertirla en entrada principal.
Querétaro encontró el límite
Eso explica mejor la controversia de Querétaro. Kuri tenía derecho a recibir al embajador estadounidense. Tampoco existe prohibición general para que policías estatales reciban capacitación internacional.
Lo que irritó a Palacio Nacional fue otra cosa: una cooperación relacionada con seguridad avanzó hasta tener terreno, presupuesto y primera piedra sin recorrer previamente el mecanismo federal correspondiente.
Cancillería recordó que la academia contempla cooperación con un gobierno extranjero y debía presentarse ante el Grupo de Alto Nivel de Seguridad antes de comenzar su instrumentación.
La respuesta federal tampoco fue cerrar el proyecto. La SRE ofreció acompañar al gobierno queretano para completar las gestiones pendientes y conducir la colaboración mediante los canales establecidos.
Eso revela que la disputa no enfrenta cooperación contra soberanía. Discute algo mucho más específico: quién controla el interruptor cuando la cooperación estatal toca asuntos estratégicos nacionales.
Y seguridad es probablemente el terreno más sensible para descubrirlo.
Johnson conoce ese territorio
Ronald Johnson tampoco es un diplomático convencional aprendiendo sobre seguridad desde una embajada. Su trayectoria profesional ayuda a entender por qué sus movimientos adquieren especial peso político.
Fue militar estadounidense, integrante de la comunidad de inteligencia, enlace de la CIA ante el Comando de Operaciones Especiales y asesor especial del Comando Sur antes de convertirse en diplomático.
Su llegada a México ocurrió además durante una administración Trump que colocó narcotráfico, migración, frontera y organizaciones criminales entre los asuntos centrales de su relación con México.
Johnson habla públicamente de decomisos, intercambio de inteligencia, funcionarios corruptos, cárteles y cooperación operativa con una frecuencia poco habitual para un embajador dedicado solamente al protocolo.
En septiembre elogió públicamente la estrategia de seguridad de la gobernadora chihuahuense Maru Campos después de reunirse privadamente con ella en la embajada estadounidense.
El episodio ocurrió mientras permanecía abierta una investigación federal relacionada con la presencia de ciudadanos estadounidenses vinculados a un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua.
No significa que Johnson esté construyendo una política paralela con gobernadores ni demuestra una estrategia deliberada para rodear a Palacio Nacional. Afirmarlo requeriría evidencia inexistente.
Sí demuestra algo más sencillo: Washington mantiene interlocución política y de seguridad con autoridades estatales porque buena parte de los problemas bilaterales ocurre precisamente dentro de sus territorios.
La geografía obliga a tener más puertas
Un gobernador fronterizo administra problemas que Washington observa diariamente: cruces comerciales, migración, tráfico de drogas, armas, aduanas, infraestructura, agua, inversión y cadenas industriales.
Nuevo León tiene relación económica directa con Texas. Chihuahua comparte frontera con Texas y Nuevo México. Baja California mira diariamente hacia California. Sonora convive inevitablemente con Arizona.
Esperar que toda esa relación ocurra exclusivamente mediante llamadas entre presidentes sería incompatible con la profundidad económica y social alcanzada por ambos países.
También los estados interiores compiten por inversiones estadounidenses, reciben empresas, organizan misiones comerciales y buscan cooperación tecnológica, educativa, ambiental o policial.
Estados Unidos encuentra así una ventaja institucional: puede mantener simultáneamente una relación nacional con Sheinbaum y decenas de relaciones subnacionales con gobernadores mexicanos de diferentes partidos.
Eso no constituye por sí mismo una intromisión. Es parte de la relación entre dos países cuya integración económica y territorial rebasa desde hace mucho sus respectivas capitales.
Pero sí distribuye poder.
Palacio Nacional conserva la llave maestra
Sheinbaum posee herramientas que ningún gobernador tiene. La conducción constitucional de la política exterior corresponde al Ejecutivo federal y los tratados internacionales requieren aprobación del Senado.
La Federación controla además instituciones decisivas para la cooperación de seguridad: Defensa, Marina, Guardia Nacional, inteligencia federal, Cancillería y buena parte de los mecanismos bilaterales con Washington.
Un gobernador puede recibir al embajador, promover inversiones y desarrollar cooperación dentro de sus competencias. No puede establecer por esa vía una política exterior mexicana alternativa.
La diferencia parece jurídica, pero tiene enorme contenido político.
Mientras Washington y Palacio Nacional coinciden, las puertas estatales complementan la entrada principal. Cuando ambos gobiernos discrepan, cada contacto directo con un gobernador adquiere significado diferente.
Eso explica la reacción presidencial frente a Querétaro. Sheinbaum no cuestionó simplemente que Johnson visitara un estado gobernado por la oposición; cuestionó dónde terminaba aquella visita.
Porque una fotografía es protocolo.
Una academia policial ya es infraestructura.
También existe una política interior
La ecuación se vuelve todavía más delicada porque México comenzó a caminar hacia las elecciones de 2027 y varios gobernadores administrarán territorios políticamente estratégicos.
Querétaro permanece gobernado por el PAN. Chihuahua también. Nuevo León tiene gobierno de Movimiento Ciudadano. Otros estados mantienen relaciones económicas estadounidenses independientemente del partido que los gobierna.
Cualquier embajador necesita interlocución con ellos. Convertir automáticamente esos encuentros en intervención electoral sería confundir diplomacia ordinaria con una operación política que tendría que demostrarse.
Pero Palacio Nacional tampoco puede ignorar la dimensión política de una embajada estadounidense capaz de conversar directamente con actores que poseen intereses diferentes de los federales.
Especialmente cuando seguridad se convirtió en el punto donde Trump ejerce mayor presión sobre México y donde la cooperación bilateral produce mayores tensiones sobre soberanía.
Querétaro funcionó entonces como una prueba de resistencia institucional.
Mostró que los gobernadores pueden desarrollar relaciones internacionales.
Y mostró también dónde la Federación está dispuesta a detenerlos.
El nuevo mapa no tiene una sola capital
La relación bilateral ya no cabe completamente entre Palacio Nacional y la Casa Blanca. Probablemente nunca cupo, pero la integración económica y la seguridad fronteriza hicieron esa realidad imposible de esconder.
Empresas hablan con gobernadores. Consulados trabajan con autoridades locales. Policías intercambian información. Estados vecinos resuelven problemas comunes. Embajadores recorren el territorio y construyen interlocución política.
La cuestión no es impedirlo. México necesita precisamente que sus estados tengan capacidad internacional para atraer inversión, compartir tecnología, formar instituciones y resolver problemas transfronterizos.
El desafío consiste en distinguir cooperación descentralizada de política exterior paralela y construir mecanismos suficientemente rápidos para que la coordinación federal no se convierta simplemente en permiso político.
Estados Unidos también tendrá que entender esa frontera. Poder entrar por una puerta estatal no significa que desde allí pueda recorrer cualquier habitación del Estado mexicano.
La academia queretana probablemente continuará después de completar los procedimientos que faltan. El episodio, sin embargo, habrá dejado algo mucho más duradero que un edificio policial.
Washington comprobó que México tiene muchas puertas.
Palacio Nacional acaba de recordar quién conserva las llaves de las habitaciones más delicadas.
Acerca del autor
