Querétaro inició academia policial con Estados Unidos antes de obtener aval federal
Querétaro avisó a Cancillería que recibiría al embajador estadounidense y aseguró que el encuentro no implicaría cooperación directa en seguridad. Siete días después, ambos gobiernos colocaron la primera piedra de una academia construida precisamente para esa cooperación.
El oficio salió de Querétaro el 23 de septiembre. Mauricio Kuri notificó al canciller Roberto Velasco que recibiría al embajador estadounidense Ronald Johnson para conversar sobre “diversos temas de interés común”.
Dos días después, Relaciones Exteriores recibió el documento. Allí había además una precisión extraordinariamente específica sobre aquello que, según el gobernador, no ocurriría durante aquella visita diplomática.
La interacción tendría efectos protocolarios y no establecería mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad, procuración de justicia ni participación extranjera en funciones reservadas al Estado mexicano.
Siete días después ocurrió algo bastante diferente: Kuri y Johnson colocaron juntos la primera piedra de una academia destinada precisamente a profundizar la cooperación policial entre Querétaro y Estados Unidos.
Johnson incluso definió públicamente el significado del proyecto: Estados Unidos y Querétaro estaban ampliando su cooperación en seguridad. La academia sería la primera instalación latinoamericana especializada en interdicción.
El documento, por tanto, no resuelve la controversia que enfrentó al gobierno queretano con Claudia Sheinbaum. Al contrario: ayuda a localizar con bastante precisión dónde comenzó.
Una visita avisada y una academia no avisada
Sheinbaum sostuvo inicialmente que el Gobierno federal desconocía la instalación de una academia internacional en Querétaro y cuestionó que semejante cooperación pudiera establecerse sin autorización federal.
Kuri tenía cómo responder parcialmente. Su gobierno había notificado formalmente la visita de Johnson y el oficio llevaba sello de recibido de Relaciones Exteriores desde el 25 de septiembre.
Pero Cancillería hizo después una distinción fundamental: conocer la visita del embajador no significaba haber conocido, discutido o autorizado un mecanismo internacional de cooperación policial.
La SRE confirmó que recibió el aviso, pero recordó precisamente la frase escrita por Querétaro: aquella visita no implicaría mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad.
El Gobierno federal sostiene ahora que la academia sí constituye un proyecto de cooperación con un gobierno extranjero y, por ello, debe presentarse ante el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.
La diferencia parece burocrática hasta mirar aquello que se construye. No será un salón donde policías extranjeros ocasionalmente impartan cursos a agentes queretanos.
El proyecto ocupará aproximadamente mil 84 metros cuadrados dentro del complejo de seguridad Rhino y deberá quedar terminado durante la primera quincena de enero de 2027.
Tendrá tres estaciones especializadas para revisar automóviles, camionetas, autobuses y transportes pesados, además de fosas, plataforma hidráulica, laboratorio, sala de monitoreo y patio de maniobras.
Querétaro invertirá más de 30 millones de pesos en las instalaciones. Allí podrán capacitarse policías estatales, elementos procedentes de otras entidades mexicanas e incluso agentes extranjeros.
El entrenamiento estará enfocado en inspección vehicular, detección de riesgos e intercepción de drogas, armas, grandes cantidades de efectivo ilícito y diferentes modalidades de contrabando.
Es decir, entre el oficio del 23 de septiembre y la primera piedra del 2 de octubre apareció algo considerablemente más concreto que una reunión protocolaria.
Hasta el nombre cuenta dos historias
Existe otra peculiaridad reveladora. Las autoridades queretanas hablan de la “Academia Internacional de Capacitación Policial”. La representación estadounidense ha utilizado también otra denominación: “Academia Estatal de Interdicción”.
No es solamente semántica. El primer nombre enfatiza la proyección internacional de Querétaro; el segundo describe con mayor precisión la función operativa que interesa a Washington.
Estados Unidos quiere entrenar capacidades para interceptar aquello que cruza rutas criminales: narcóticos, armamento, dinero ilícito y mercancías escondidas dentro de vehículos de diferentes dimensiones.
Johnson explicó además que esta cooperación no nació con la primera piedra. Durante la última década, Estados Unidos ha destinado más de 10 millones de dólares a capacitación y equipamiento policial en Querétaro.
Desde 2015, esa colaboración ha alcanzado a miles de participantes e incluido capacitación especializada, análisis criminal, laboratorios forenses, unidades caninas y tecnología para investigaciones.
La academia, entonces, tampoco inauguró la relación. Lo novedoso es que esa cooperación acumulada durante años adquirió ahora domicilio, instalaciones propias y vocación internacional dentro de territorio queretano.
Y precisamente cuando la cooperación se volvió edificio apareció la pregunta que permanecía escondida mientras consistía principalmente en cursos, equipo, tecnología e intercambio de conocimientos.
¿Hasta dónde puede llegar directamente un estado mexicano con un gobierno extranjero antes de necesitar que la Federación abra formalmente la puerta?
El problema no es capacitar policías
La discusión puede deformarse fácilmente si se presenta como una disputa entre quienes aceptan cooperación estadounidense y quienes rechazan cualquier participación extranjera en seguridad mexicana.
No es eso lo que está planteando públicamente el Gobierno federal. Sheinbaum ha dicho que Querétaro puede albergar una academia internacional y recibir capacitación extranjera si cumple los procedimientos correspondientes.
Tampoco existe evidencia presentada hasta ahora de que agentes estadounidenses realizarán investigaciones, perseguirán delitos o ejercerán atribuciones policiales reservadas a autoridades mexicanas desde esas instalaciones.
La controversia es otra: quién autoriza, coordina y establece los límites cuando un gobierno estatal construye cooperación institucional de seguridad directamente con una potencia extranjera.
Ese detalle importa especialmente porque seguridad y política exterior son ámbitos donde la Constitución mexicana reserva atribuciones fundamentales a autoridades federales y al Estado mexicano.
Cancillería dispone además de mecanismos para acompañar relaciones de entidades federativas con actores extranjeros. La cooperación internacional no está prohibida; justamente por eso existen canales para conducirla.
La SRE ofreció ahora acompañamiento institucional a Kuri para presentar el proyecto ante las instancias correspondientes y conducirlo dentro de los mecanismos bilaterales establecidos.
En otras palabras, nadie ha ordenado retirar la primera piedra.
Lo que falta es colocar debajo los papeles.
Washington ya llevaba diez años trabajando allí
El episodio también descubre una realidad menos visible que la fotografía de Kuri y Johnson: Washington mantiene relaciones de seguridad directamente operativas con instituciones locales desde hace años.
Querétaro es apenas un ejemplo especialmente visible porque la relación produjo infraestructura y porque el embajador decidió participar personalmente en el arranque de la obra.
Estados Unidos aporta capacitación, equipamiento y conocimientos a instituciones mexicanas mediante programas de cooperación que pueden aterrizar directamente en policías, fiscalías y sistemas estatales de seguridad.
Eso explica por qué las autoridades queretanas presentan la academia como continuación natural de una relación existente, mientras Palacio Nacional observa un salto cualitativo que requiere autorización distinta.
Para Kuri, diez años de cooperación desembocaron lógicamente en una academia. Para el Gobierno federal, construir esa academia transforma la naturaleza institucional de aquella colaboración y obliga a revisarla.
Las dos afirmaciones pueden coexistir. Precisamente allí está la grieta.
La primera piedra llegó antes que el trámite
Hasta ahora no existe evidencia pública suficiente para sostener que Querétaro haya cedido facultades soberanas a Estados Unidos, instalado agentes extranjeros o permitido operaciones estadounidenses independientes.
Sí existe, en cambio, evidencia documental de una contradicción difícil de ignorar entre aquello que Querétaro comunicó previamente a Cancillería y aquello que terminó celebrándose públicamente.
El 23 de septiembre aseguró por escrito que la visita de Johnson no establecería mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad ni procuración de justicia.
El 2 de octubre, el propio embajador estadounidense anunció que Estados Unidos y Querétaro estaban ampliando precisamente su cooperación en seguridad mediante una nueva academia policial.
Entre ambas fechas faltó algo más importante que una invitación al funcionario federal correcto: faltó que el proyecto internacional recorriera previamente el mecanismo diseñado para autorizarlo.
Ahora Cancillería ofrece ayudar a completar ese recorrido mientras los trabajos ya comenzaron y la obra tiene incluso fecha prevista de terminación para enero próximo.
La academia probablemente terminará construyéndose. Nada de lo conocido hasta ahora permite afirmar lo contrario ni convertir una controversia institucional en una operación clandestina estadounidense.
Pero dejó una pregunta que seguirá allí aunque Palacio Nacional y Querétaro arreglen pronto el expediente.
México descubrió la academia cuando la cooperación ya tenía terreno, presupuesto, proyecto ejecutivo, invitados internacionales y primera piedra.
El permiso llegó después.
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