Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, fue detenido por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. La Fiscalía de Oaxaca sostiene que mantenía vínculos con “Los Cromos”.
Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido este miércoles durante un operativo conjunto de autoridades federales y estatales por su probable responsabilidad en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
El alcalde, conocido como “Quetu”, fue capturado junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parka”. Ambos tenían órdenes de aprehensión vigentes, informó el Gabinete de Seguridad federal.
En el despliegue participaron Marina, Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, FGR y Guardia Nacional, además de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Oaxaca.
La Fiscalía oaxaqueña aseguró que sus investigaciones relacionan a Sánchez Altamirano con “Los Cromos”, organización que identifica como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad.
Según la dependencia, el alcalde habría participado, fomentado y encubierto actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec debido a sus presuntos vínculos con esa organización. Los señalamientos forman parte de la investigación y deberán acreditarse ante los tribunales.
Las autoridades atribuyen a “Los Cromos” actividades de extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, homicidio, secuestro y portación de armas. El Gabinete de Seguridad investiga además esquemas de protección que habrían facilitado operaciones de grupos criminales.
La Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación. Las autoridades anticiparon que las operaciones continuarán para identificar a otros posibles integrantes y redes de protección.
Después de su captura, Sánchez Altamirano fue trasladado a Ciudad Ixtepec y posteriormente llevado en una aeronave oficial a un centro penitenciario federal fuera de Oaxaca.
El gobernador Salomón Jara respaldó el operativo y afirmó que no habrá excepciones en la aplicación de la ley. El gobierno estatal sostuvo que Juchitán permanecía en condiciones de gobernabilidad.
La detención abre ahora dos expedientes distintos. Uno corresponde a los delitos que deberán probarse ante un juez. El otro plantea una pregunta política más amplia: si existió protección desde el gobierno municipal para una organización criminal, falta establecer hasta dónde llegaba esa red.
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