Dos iniciativas del Partido Verde buscan modificar las reglas de la publicidad exterior y los cobros por licencias. Espectaculares y pantallas digitales vuelven al debate legislativo.
En la Ciudad de México, los anuncios compiten por la atención de automovilistas y peatones, pero también ocupan espacios sujetos a permisos, restricciones y obligaciones fiscales.
El Congreso capitalino recibió dos iniciativas para modificar las reglas de publicidad exterior y el cobro de derechos por determinadas licencias, presentadas por el Partido Verde.
El diputado Javier Ramos Franco planteó reformas al Código Fiscal y a la Ley de Publicidad Exterior, con el argumento de mejorar el ordenamiento urbano.
Las propuestas fueron presentadas el 6 de octubre y todavía deben recorrer el procedimiento legislativo, por lo que no representan nuevas obligaciones vigentes para los anunciantes.
El negocio de anunciarse también pasa por la Tesorería
Una de las iniciativas propone modificar el artículo 193 del Código Fiscal capitalino para establecer cuotas fijas por la expedición de determinadas licencias publicitarias.
El planteamiento se refiere específicamente a medios autosoportados analógicos y digitales, estructuras que forman parte del mercado de anuncios visibles desde calles y vialidades.
Según la exposición presentada ante el Congreso, el objetivo consiste en ajustar el esquema de cobro aplicable a esas autorizaciones y fortalecer las finanzas públicas.
La propuesta no significa que todos los anuncios capitalinos pagarían una tarifa idéntica, pues las categorías y condiciones de autorización tienen tratamientos legales diferentes.
La otra discusión está en el paisaje urbano
La segunda iniciativa busca reformar diversas disposiciones de la Ley de Publicidad Exterior para intervenir en el ordenamiento de los medios publicitarios de la capital.
Su exposición considera formatos como espectaculares, vallas, anuncios en edificios, mobiliario urbano y pantallas digitales, utilizados para alcanzar públicos en movimiento por la ciudad.
El legislador argumentó que la regulación debe considerar la protección del paisaje urbano, el medio ambiente, la movilidad, el patrimonio cultural y la seguridad.
El planteamiento también reconoce la transformación tecnológica del sector, donde las pantallas digitales y los anuncios programables conviven con estructuras tradicionales de publicidad.
La ciudad ya tiene una ley para los anuncios
La discusión no comienza desde cero, porque la Ciudad de México cuenta con una Ley de Publicidad Exterior publicada en junio de 2022.
Esa legislación estableció un marco para regular los medios publicitarios, sus autorizaciones y el reordenamiento de estructuras instaladas en distintos espacios de la capital.
Por ello, las iniciativas actuales deben entenderse como modificaciones a reglas existentes, no como la creación de una regulación donde antes hubiera libertad absoluta.
La diferencia resulta importante para propietarios, empresas y vecinos, porque cualquier cambio deberá precisar cuáles obligaciones permanecen y cuáles se modificarían mediante decreto.
Quién cobra y quién vigila
La propuesta fiscal abre una pregunta concreta sobre el costo de las licencias, mientras la reforma publicitaria plantea cómo ordenar los anuncios autorizados.
Son discusiones relacionadas, pero distintas: pagar derechos por una licencia no sustituye el cumplimiento de las condiciones de seguridad, ubicación y operación correspondientes.
Para los habitantes, el efecto de una eventual reforma dependerá de su contenido definitivo y de la capacidad institucional para supervisar las disposiciones aplicables.
El Congreso tendrá que discutir los cambios propuestos antes de que puedan convertirse en normas obligatorias, mientras continúa vigente el marco legal actualmente establecido.
En una ciudad donde la publicidad se observa desde banquetas, edificios y avenidas, la discusión legislativa alcanza tanto al negocio como al espacio público.
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