Sheinbaum reiteró que la cooperación de Querétaro con Estados Unidos en una academia policial debe cumplir los procedimientos establecidos por la Ley de Seguridad Nacional.
Querétaro sí avisó a la SRE que recibiría al embajador estadounidense, pero presentó la visita como protocolaria. La academia policial con cooperación extranjera necesita un trámite distinto que todavía no tiene.
Claudia Sheinbaum volvió este martes sobre la academia policial inaugurada por Mauricio Kuri en Querétaro, pero esta vez la discusión dejó de ser sobre invitaciones y llegó hasta la ley.
La Presidenta sostuvo que gobernadores y autoridades locales deben sujetarse a los procedimientos federales cuando establezcan proyectos de capacitación o cooperación internacional en seguridad con gobiernos extranjeros.
El mensaje tiene destinatarios concretos.
Kuri colocó el viernes la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial acompañado por Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.
El centro pretende capacitar policías en técnicas para detectar drogas, armas, dinero ilícito y distintas modalidades de contrabando utilizadas por organizaciones criminales.
Sheinbaum cuestionó desde el lunes que un proyecto semejante avanzara sin intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las instancias federales responsables de autorizar cooperación internacional en seguridad.
Pero durante las siguientes horas apareció un documento que obligó a precisar la historia.
Querétaro sí había avisado.
El gobierno estatal envió el 23 de septiembre un oficio a la Cancillería, recibido dos días después, informando que Johnson visitaría Querétaro el 2 de octubre.
El documento, sin embargo, describió el encuentro como una visita para abordar “diversos temas de interés común” y señaló que tendría efectos protocolarios.
También indicó que no implicaría establecer mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad o procuración de justicia con autoridades extranjeras.
Lo que no mencionó fue la academia.
La SRE confirmó la recepción del oficio y explicó que esa notificación sobre la visita del embajador no sustituye el procedimiento requerido para desarrollar un proyecto de cooperación internacional en seguridad.
Ahí aparece la diferencia fundamental.
Una cosa era informar que Ronald Johnson visitaría Querétaro.
Otra era solicitar autorización para establecer una academia donde existe cooperación estadounidense destinada a capacitar policías mexicanos en asuntos directamente relacionados con seguridad.
La Cancillería señaló que la segunda necesita visto bueno previo.
Conforme al marco aplicado por el Gobierno federal, cualquier estado o municipio que pretenda establecer proyectos de capacitación o cooperación en seguridad con un gobierno extranjero debe presentarlos al Grupo de Alto Nivel de Seguridad.
Ese órgano funciona como auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional y revisa las condiciones bajo las cuales pueden desarrollarse este tipo de colaboraciones internacionales.
La academia de Querétaro todavía no ha pasado por ahí.
La SRE informó que Roberto Velasco habló con Kuri y ofreció acompañamiento institucional para realizar las gestiones necesarias y solicitar formalmente el visto bueno correspondiente.
Sheinbaum insistió este martes en que su gobierno no está rechazando la cooperación estadounidense ni pretende impedir que policías mexicanos reciban capacitación internacional.
El problema, dijo, son las reglas.
La Presidenta pidió tanto a los gobernadores como al embajador estadounidense y al propio gobierno de Estados Unidos respetar la legislación mexicana cuando desarrollen cooperación internacional relacionada con seguridad.
El marco jurídico efectivamente alcanza a los estados.
El artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional establece obligaciones para servidores públicos federales, estatales y municipales cuando mantienen determinadas relaciones con agentes extranjeros.
Entre ellas está informar por escrito a Relaciones Exteriores y Seguridad sobre reuniones, intercambios de información, llamadas o comunicaciones sostenidas con esos agentes.
La misma disposición establece que las reuniones con agentes extranjeros deben contar previamente con autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y realizarse con representación de Cancillería.
Eso obliga también a introducir una precisión.
La discusión jurídica no consiste simplemente en que un gobernador necesite pedir permiso a la Presidenta cada vez que converse con un diplomático extranjero.
Tampoco existe una prohibición general para que Querétaro construya infraestructura destinada a capacitar policías ni para que reciba cooperación internacional bajo los mecanismos legalmente establecidos.
Lo que necesita autorización son determinadas modalidades de cooperación y participación extranjera en materia de seguridad sujetas a la legislación y los procedimientos federales correspondientes.
Y ésa es precisamente la diferencia que dejó al descubierto el oficio de Querétaro.
Kuri notificó la visita del embajador.
No notificó en ese documento que la visita incluiría el arranque de una academia presentada públicamente como resultado de cooperación con Estados Unidos.
La propia Cancillería separó ahora ambos asuntos.
Incluso existe otro elemento que matiza la primera discusión.
En la ceremonia hubo autoridades de distintos órdenes de gobierno y reportes locales documentaron presencia de representantes federales, aunque eso tampoco equivale jurídicamente al visto bueno previo exigido para la cooperación internacional.
Así, la controversia ya no consiste en averiguar si alguien en el Gobierno federal sabía que Ronald Johnson viajaría a Querétaro.
Sí lo sabía.
La pregunta correcta es mucho más específica.
¿Sabía el Gobierno federal que aquella visita protocolaria serviría para poner la primera piedra de una academia internacional destinada a capacitar policías con cooperación estadounidense?
La documentación conocida hasta ahora dice que Cancillería recibió aviso de lo primero.
El permiso para lo segundo todavía está pendiente.
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