Mario Delgado anunció una consulta nacional para sustituir el sistema que regula el ingreso y los ascensos de los maestros. La decisión está prevista para finales de octubre, pero la institución cuestionada continúa operando. El desafío del gobierno será cambiar las reglas sin devolver las plazas al favoritismo político o sindical.
La Secretaría de Educación Pública se acerca a una decisión que puede modificar la vida laboral de miles de maestros: sustituir la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) por un nuevo sistema.
La promesa tiene fecha política, pero todavía no una solución legislativa. Mario Delgado anunció que la consulta final se realizará a finales de octubre de 2026.
Mientras tanto, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros continúa aplicando las reglas vigentes para ingresar al servicio educativo y obtener promociones.
La contradicción no es necesariamente ilegal. Una institución puede seguir funcionando mientras se prepara su reemplazo, pero el gobierno debe explicar cómo será la transición.
La consulta llega antes que las nuevas reglas
El 21 de septiembre, Delgado explicó durante la conferencia presidencial que una encuesta entre docentes serviría como base para consultar el futuro de la USICAMM.
El secretario señaló que el ejercicio se desarrollaría durante octubre, escuela por escuela, con el propósito de construir una propuesta que permitiera desaparecer la institución.
Una semana después, durante la entrega de nombramientos definitivos a personal de prefectura, precisó que la consulta final tendría lugar a finales del mes.
El anuncio coloca al magisterio frente a una decisión importante, aunque todavía falta conocer públicamente el procedimiento completo que convertirá sus opiniones en una propuesta legislativa.
No es un detalle menor. Una consulta puede recoger inconformidades, identificar problemas y orientar soluciones, pero necesita reglas claras para producir resultados verificables.
Entre las preguntas pendientes están quién organizará el ejercicio, cómo se contará la participación y de qué manera se incorporarán las propuestas de los docentes.
La institución que quieren desaparecer todavía contrata maestros
La USICAMM sigue publicando convocatorias y administrando procedimientos correspondientes al ciclo escolar 2026-2027, de acuerdo con su propia información institucional.
El calendario oficial de admisión en educación básica estableció evaluaciones durante mayo, publicación de resultados en junio y listas ordenadas de aspirantes en julio.
La asignación de plazas comenzó posteriormente, conforme a los procedimientos previstos para ese ciclo escolar y a las vacantes disponibles en cada entidad.
Estos documentos confirman que el anuncio de desaparición no ha suspendido automáticamente las reglas que actualmente regulan el ingreso al servicio docente.
La distinción importa para quienes buscan empleo, esperan una promoción o participan en procedimientos cuyos resultados podrían extenderse durante la transición.
El gobierno tendrá que establecer qué ocurrirá con esos procesos si el Congreso aprueba una nueva ley y modifica las condiciones para futuras convocatorias.
El verdadero debate es quién decidirá las contrataciones
La discusión va mucho más allá de cambiar el nombre de una oficina. Se trata de establecer quién tendrá influencia sobre las plazas docentes.
El sistema vigente busca ordenar los procesos mediante criterios de selección, evaluaciones y resultados públicos, aunque enfrenta críticas de organizaciones magisteriales por su funcionamiento.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha exigido eliminar la USICAMM y modificar las reglas que considera contrarias a los derechos laborales.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha respaldado una mayor participación del magisterio en la definición de su carrera profesional.
Las posiciones coinciden en la necesidad de cambios, pero no permiten concluir que todas las organizaciones quieran exactamente el mismo modelo de contratación.
La SEP deberá escuchar esas diferencias sin permitir que la negociación entre autoridades y dirigentes sustituya la participación directa de los maestros.
Mario Delgado promete impedir el regreso de la venta de plazas
El secretario de Educación ha reconocido que cambiar el sistema implica evitar prácticas que durante años perjudicaron el acceso al trabajo docente.
En junio, durante las negociaciones con la CNTE, Delgado prometió construir una nueva relación laboral que impidiera regresar a la corrupción y al favoritismo.
El funcionario habló expresamente de erradicar prácticas como “el amiguismo, el nepotismo, el influyentismo y la venta de plazas”, según el comunicado oficial de la SEP.
Ese compromiso establece una condición fundamental para evaluar la reforma: las nuevas reglas deberán proteger los derechos laborales sin permitir contrataciones discrecionales.
También deberán precisar cómo se resolverán las inconformidades de quienes consideren que fueron excluidos injustamente de una plaza o promoción.
Una reforma que elimine procedimientos cuestionados, pero no establezca mecanismos verificables para sustituirlos, podría terminar creando problemas distintos a los que pretende resolver.
La consulta de agosto todavía no es la ley prometida
El 23 de agosto, la SEP anunció un cuestionario dirigido a más de 1.2 millones de docentes para conocer sus propuestas sobre ingreso y promoción.
La dependencia explicó que se preguntarían opiniones sobre preparación profesional, conocimientos, antigüedad, experiencia pedagógica y otros elementos utilizados para valorar a los aspirantes.
Durante septiembre, Delgado informó que ese diagnóstico serviría como base para una nueva consulta prevista durante octubre.
La diferencia entre ambos ejercicios es importante: el cuestionario inicial recogió información, mientras la consulta posterior deberá orientar la propuesta de reemplazo.
Hasta la información pública localizada para esta investigación, no se cuenta con un documento final que detalle cómo se traducirán los resultados en artículos de ley.
Tampoco debe confundirse la participación anunciada de 1.2 millones de docentes con una cifra comprobada de respuestas efectivamente recibidas y validadas.
El Congreso tendrá la última palabra
La USICAMM funciona dentro de un marco establecido por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicada en 2019.
Por eso, sustituir de fondo el sistema requiere modificar las disposiciones legales correspondientes, no solamente anunciar su desaparición desde la Secretaría de Educación Pública.
El Congreso tendrá que discutir cómo se garantizarán los derechos de los trabajadores y qué procedimientos permitirán seleccionar a los nuevos docentes.
También deberá definir responsabilidades de las autoridades educativas, mecanismos de revisión y condiciones para evitar favoritismos en la asignación de plazas.
La consulta puede dar legitimidad política a la iniciativa, pero no reemplaza la discusión legislativa ni la obligación de construir reglas compatibles con la Constitución.
La presidenta Claudia Sheinbaum asumió el compromiso de eliminar la USICAMM. Convertirlo en una reforma funcional dependerá de decisiones todavía pendientes.
La escuela también tiene algo que perder
Las plazas docentes representan oportunidades laborales, pero también determinan quién estará frente a un grupo y bajo qué condiciones desempeñará su trabajo.
Por eso, la discusión no debería reducirse a una disputa entre el gobierno y las organizaciones sindicales sobre quién administra las contrataciones.
Los estudiantes necesitan maestros preparados, mientras los docentes requieren procedimientos justos, estabilidad laboral y posibilidades reales de desarrollo profesional.
Un nuevo sistema tendrá que responder simultáneamente a esas necesidades, sin presentar los derechos de unos como obstáculos para los de otros.
También deberá explicar cómo atenderá las diferencias entre escuelas urbanas, rurales, indígenas y comunidades donde cubrir una vacante puede resultar especialmente difícil.
Sin esas respuestas, la reforma corre el riesgo de concentrarse en la distribución de plazas y dejar en segundo plano las necesidades educativas.
Octubre será una prueba para la SEP
El compromiso más reciente de Mario Delgado coloca la consulta final hacia finales de octubre, cuando el gobierno espera definir las bases del reemplazo.
Para entonces debería conocerse quién participó, qué propuestas obtuvieron respaldo y cuáles serán incorporadas al proyecto que llegue al Congreso.
También será necesario aclarar cuándo dejará de operar la USICAMM y cómo se respetarán los procedimientos iniciados bajo las disposiciones actuales.
La SEP tiene una oportunidad para corregir problemas que han generado inconformidad entre los docentes y desconfianza hacia los procesos de contratación.
Pero desaparecer una institución no garantiza, por sí solo, que desaparezcan las prácticas que justificaron la creación de reglas para distribuir las plazas.
La prueba no será cuántos maestros voten por desaparecer la USICAMM, sino si el nuevo sistema consigue algo más difícil: que nadie necesite un padrino para obtener una plaza y que ningún docente pierda sus derechos en el camino.
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