El Partido del Trabajo reclama que la alianza con Morena se refleje en candidaturas
La alianza con Morena le ha permitido al Partido del Trabajo conservar presencia legislativa y participar en gobiernos, pero también ha abierto una disputa por las candidaturas de 2027. El problema para sus dirigentes es cómo negociar espacios propios sin poner en riesgo una coalición que sigue siendo electoralmente rentable. Por lo pronto el PT ya nombró a Raul Morón, uno de los morenistas despechados en Michioacán su coordinador en la entidad.
La relación entre Morena y el Partido del Trabajo tiene una contradicción de origen: son aliados para conquistar cargos, pero competidores cuando llega el momento de repartirlos.
El PT aporta estructura territorial, candidatos y votos a la coalición oficialista, aunque ese respaldo no se traduce automáticamente en gubernaturas, alcaldías o posiciones legislativas.
Con las elecciones intermedias de 2027 en el horizonte, la discusión sobre candidaturas adquiere importancia porque estarán en juego la Cámara de Diputados y numerosos gobiernos locales.
La disputa no se reduce a cuántos espacios recibe cada partido. También involucra quién decide las postulaciones, qué territorios puede reclamar y cuánto vale electoralmente cada aliado.
Por lo pronto en Michoacán la jugada de los petistas llamá la atención. Nombraron su coordinador, -esta figura que permite adelantar campañas y luego oficializar a su candidato- a Raúl Morón, uno de los morenistas que más sonaba para ir por el gobierno de esa entidad.
Morón puede ser decisivo en fragmentar el voto morenista en la entidad, que ya tiene problemas por los malos resultados el actual gobernador y por como ha crecido el Movimiento del Sombrero y la posible candiatura de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, asesinado por el crimen organizado.
Diecisiete gubernaturas y ninguna para el PT
La disputa adquirió una dimensión concreta cuando Morena adelantó la selección de coordinadores estatales de la transformación para las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027.
El PT participó en el proceso, pero ninguno de sus perfiles obtuvo una coordinación estatal. Sus dirigentes consideran que el resultado refleja condiciones desiguales de competencia.
La situación contrasta con la del Partido Verde, cuyos liderazgos han planteado encabezar hasta cuatro candidaturas, aunque los convenios definitivos de coalición siguen pendientes.
Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados petistas, reconoció el 6 de octubre que su partido continuaba sin ninguna gubernatura definida dentro de las negociaciones.
La dirigencia busca nuevas mediciones en Michoacán, Colima, Nuevo León y Zacatecas, entidades donde sostiene que todavía deben compararse los perfiles de los aliados.
Morena, por su parte, defiende sus encuestas y rechaza que las diferencias impliquen necesariamente una ruptura. Citlalli Hernández ha mantenido conversaciones con representantes petistas.
El partido que no alcanza para ganar pero puede alcanzar para perder
El argumento más revelador del PT no consiste en asegurar que puede conquistar gubernaturas por cuenta propia, sino en advertir cuánto pueden costar sus votos.
El 23 de septiembre, Sandoval reconoció que su partido quizá no tenía fuerza suficiente para ganar una gubernatura, pero sostuvo que podía contribuir a derrotar a Morena.
El legislador habló de siete, ocho y hasta doce estados donde una competencia separada podría perjudicar a su actual aliado, sin presentar una proyección electoral verificable.
Su declaración expresa una estrategia de negociación, no una estimación comprobada de resultados. El efecto real dependería de los márgenes de votación de cada entidad.
El PT intenta convertir su aportación electoral en capacidad de negociación, particularmente en contiendas donde una diferencia relativamente pequeña puede modificar el resultado.
Pero también enfrenta un dilema: competir solo le permitiría medir su fuerza y defender candidaturas, aunque podría reducir sus posibilidades de acceder a cargos.
En sentido contrario, permanecer en coalición puede favorecer sus resultados legislativos, pero también limitar la visibilidad de sus dirigentes y el crecimiento territorial propio.
Zacatecas se convirtió en el ejemplo del desencuentro
Entre las inconformidades petistas destaca Zacatecas, donde la senadora Geovanna Bañuelos buscó encabezar el proyecto oficialista para suceder al gobernador David Monreal.
El PT cuestionó las mediciones utilizadas en el proceso que favoreció a Verónica Díaz y reclamó una nueva evaluación de los perfiles involucrados.
La controversia también tiene una dimensión política local: el partido pretende competir con una figura propia en una entidad gobernada por Morena.
La disputa no demuestra por sí misma que las encuestas hayan sido manipuladas, como sostienen algunos dirigentes petistas. Para establecerlo serían necesarios resultados y metodologías auditables.
En Nuevo León, el PT también ha reclamado que la definición de candidaturas respete acuerdos entre aliados y no se limite a decisiones tomadas unilateralmente.
Su coordinación estatal recordó que, durante la elección presidencial de 2024, aportó más de 160 mil votos en Nuevo León, equivalentes al 6.3 por ciento.
Ese dato corresponde a la votación presidencial obtenida por el PT en la entidad; no demuestra que todos esos electores votarían necesariamente por cualquier candidato petista.
La diferencia importa porque una aportación electoral histórica no equivale automáticamente a una transferencia de votos en una elección posterior.
El Verde encontró lugares donde el PT encontró obstáculos
El contraste entre ambos aliados es uno de los elementos centrales del conflicto. Mientras el PT reclama nuevas encuestas, el Verde ha consolidado posiciones.
En Quintana Roo, Nayarit y Baja California Sur, el PVEM encabeza las opciones oficialistas; San Luis Potosí representa otro caso por su gobierno estatal.
El reparto no puede considerarse completamente formalizado mientras falten los convenios electorales correspondientes, pero muestra diferencias importantes en la capacidad negociadora de ambos partidos.
Para el PT, aceptar las decisiones actuales sin modificaciones implicaría reconocer que su aportación electoral no le garantiza encabezar ninguna de las gubernaturas disputadas.
El Verde, en cambio, ha conseguido que algunos de sus perfiles sean considerados para posiciones relevantes, pese a competir dentro de la misma coalición.
No existe una fórmula automática que obligue a distribuir candidaturas proporcionalmente a los votos históricos de cada partido, salvo lo pactado en los acuerdos respectivos.
Precisamente por eso, la disputa es política: cada organización intenta convertir su fuerza electoral, presencia territorial y capacidad legislativa en mejores condiciones de negociación.
Alberto Anaya llevó el conflicto hasta Washington
El 7 de octubre, Alberto Anaya introdujo un argumento inesperado: sostuvo que presiones del gobierno estadounidense habían influido en la selección de candidatos morenistas.
Según su interpretación, Morena habría favorecido perfiles más cercanos al centro político, en detrimento de aspirantes identificados con posiciones de izquierda.
El dirigente no presentó públicamente pruebas que permitieran acreditar una intervención estadounidense en las decisiones internas de la coalición, por lo que permanece como señalamiento político.
Claudia Sheinbaum rechazó la acusación este 8 de octubre y defendió el método de encuestas utilizado para seleccionar a los coordinadores estatales.
La presidenta consideró que el señalamiento carecía de sustento y recordó que los resultados de las mediciones no necesariamente favorecen a los aspirantes preferidos por cada partido.
La respuesta presidencial evidencia que la inconformidad petista dejó de ser exclusivamente una negociación de candidaturas y se convirtió también en un desacuerdo público sobre el procedimiento.
La Cámara de Diputados es otra mesa de negociación
Aunque las gubernaturas concentran la atención, el PT también busca conservar su peso en la Cámara de Diputados, donde la coalición ha dependido de acuerdos legislativos.
Los partidos aliados pueden votar juntos en reformas prioritarias sin renunciar a sus diferencias sobre financiamiento público, reglas electorales o distribución de candidaturas.
Para Morena, mantener una coalición amplia puede facilitar mayorías legislativas. Para el PT, permanecer dentro de ella ofrece posibilidades de representación y participación institucional.
La negociación, por tanto, no se limita a las 17 gubernaturas: también incluye distritos federales, congresos locales, ayuntamientos y los acuerdos posteriores a la elección.
En Ciudad de México, representantes petistas han pedido conservar sus espacios actuales y recibir un trato que consideren justo para sostener la alianza electoral.
Sin embargo, las dirigencias todavía deben traducir esas exigencias en acuerdos concretos, registrados conforme a los plazos y requisitos establecidos por las autoridades electorales.
El socio que quiere seguir siendo socio
Alberto Anaya y Reginaldo Sandoval no han formalizado una ruptura nacional con Morena, aunque mantienen abierta la posibilidad de competir por separado en algunas entidades.
Morena insiste en que la coalición puede mantenerse y sostiene que la selección de coordinadores respondió a encuestas, no a una distribución previamente pactada.
La diferencia entre ambas posiciones es evidente: el PT reclama que la alianza se refleje en candidaturas; Morena defiende los resultados de su mecanismo interno.
El desenlace dependerá de los convenios que suscriban, las candidaturas que finalmente registren y la disposición de los tres partidos para aceptar acuerdos diferenciados.
Por ahora, el PT enfrenta una decisión que acompaña a los partidos pequeños cuando se alían con una fuerza dominante: cuánto negociar sin perder autonomía.
La pregunta de fondo no es si sus votos pertenecen a Morena, porque cada partido conserva su identidad y su propia base electoral.
La pregunta es qué obtiene el PT a cambio de seguir aportándolos en una coalición donde, hasta ahora, no encabeza ninguna gubernatura.
El partido que ayudó a construir mayorías tiene representación y capacidad de negociación. Lo que todavía no tiene es una candidatura estatal propia acordada para 2027.
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