El gobierno federal propone gastar 10.6 billones de pesos el próximo año. Pero buena parte del presupuesto llega comprometida por pensiones, deuda, transferencias y otras obligaciones. El CIEP calcula que 80% será gasto obligatorio y que el espacio fiscal se reducirá a apenas 1.6% del PIB. El problema no es sólo cuánto dinero tiene México, sino cuánto puede todavía decidir qué hacer con él.
Imagine que el presupuesto de México cabe en una cartera con 100 pesos.
Antes de decidir construir una carretera, ampliar un hospital, abrir una universidad, invertir en ciencia o atender una emergencia, aproximadamente 80 pesos ya tienen destino.
No porque alguien los haya gastado todavía, sino porque el Estado llega a 2027 cargando decisiones tomadas antes: pensiones que debe pagar, intereses de deuda que vencen, recursos que corresponden a estados y municipios, salarios y otras obligaciones que no pueden desaparecer simplemente porque las prioridades políticas hayan cambiado.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) hizo la cuenta sobre el Paquete Económico presentado por Hacienda el 8 de septiembre: 80% del presupuesto de 2027 sería obligatorio.
Quedarían veinte pesos.
Pero tampoco esos veinte constituyen una bolsa completamente disponible.
Cuando el CIEP calcula lo que denomina espacio fiscal —los recursos sobre los que existe mayor capacidad efectiva para modificar prioridades— encuentra algo mucho menor: 1.6% del PIB.
Ahí está una de las historias escondidas dentro del presupuesto de México.
No cuánto quiere gastar el gobierno.
Cuánto puede realmente escoger.
Una cartera de 10.6 billones
El Proyecto de Presupuesto de Egresos propone para 2027 un gasto neto total cercano a 10.6 billones de pesos, 1.1% superior en términos reales al aprobado para 2026, según el análisis del CIEP.
Es una cifra difícil de imaginar.
Hay una manera más sencilla de verla.
Sólo las pensiones representarían aproximadamente 2.5 billones de pesos, equivalentes a 6.3% del PIB. Las contributivas aumentarían 4.7% real, principalmente por las obligaciones del IMSS y el ISSSTE.
A eso hay que agregar los intereses y demás componentes del costo financiero de la deuda.
Juntos, pensiones y costo financiero sumarían 3.9 billones de pesos.
Más de uno de cada tres pesos del presupuesto.
La comparación con aquello que México puede construir hacia adelante resulta especialmente reveladora: toda la inversión pública prevista suma alrededor de 1.13 billones.
Pensiones y deuda absorberían, por tanto, más de tres veces los recursos destinados a inversión.
Eso no significa que las pensiones sean prescindibles ni que pagar intereses sea opcional.
Significa exactamente lo contrario.
Son compromisos.
El presupuesto tiene memoria
Un presupuesto nunca empieza el 1 de enero.
Llega cargando las decisiones de los años anteriores.
Las pensiones de 2027 son consecuencia de derechos laborales, sistemas pensionarios y transformaciones demográficas construidos durante décadas. La deuda incorpora déficits y decisiones de financiamiento anteriores. Las participaciones son recursos que corresponden a las entidades federativas conforme al sistema fiscal.
Por eso sería engañoso atribuir la rigidez presupuestaria únicamente al actual gobierno.
Pero también sería un error tratarla como una curiosidad contable.
Cuantos más recursos estén comprometidos, menor es la capacidad de cualquier gobierno para reaccionar ante nuevas necesidades sin aumentar ingresos, endeudarse, recortar otras áreas o modificar obligaciones existentes.
Y 2027 ofrece una imagen particularmente clara.
El CIEP calcula que las pensiones alcanzarán 6.3% del PIB. El costo financiero de la deuda llegará a 4% del PIB.
Sólo esos dos conceptos rondan una décima parte de toda la economía mexicana.
Mientras tanto, la inversión pública total propuesta para 2027 equivaldría a 2.9% del PIB y disminuiría 12.3% en términos reales respecto del presupuesto aprobado para 2026, aunque dentro de ella la inversión física crecería 3.5%. La diferencia importa: no todas las categorías que integran la inversión se comportan igual. CIEP
El precio de deber
Hay otro número que merece detenerse.
El gobierno pretende continuar la reducción gradual del déficit: los Requerimientos Financieros del Sector Público pasarían de 4.1% del PIB esperado para 2026 a 3.9% en 2027.
Pero el CIEP calcula que solamente el costo financiero de la deuda alcanzará 4% del PIB.
Es una comparación que debe hacerse con cuidado: costo financiero y RFSP son conceptos distintos y no se restan uno del otro.
Lo que revela la coincidencia de magnitudes es otra cosa: el servicio financiero acumulado por decisiones pasadas ya pesa tanto como el desequilibrio fiscal que México pretende registrar durante todo un año.
Y la deuda no estaría bajando como proporción de la economía.
El análisis del CIEP estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzaría 55% del PIB y advierte que las proyecciones actuales se encuentran por encima de lo previsto al comienzo de la administración.
Hacienda plantea, por su parte, una estrategia de consolidación gradual que intenta reducir el déficit sin retirar simultáneamente el apoyo a programas sociales, inversión y crecimiento. Los documentos oficiales del Paquete Económico fueron entregados al Congreso el 8 de septiembre de 2026 y todavía constituyen una propuesta: el PPEF puede modificarse durante su discusión legislativa.
¿Y los otros niveles de gobierno?
También hay dinero que el gobierno federal recauda pero no puede simplemente conservar.
El gasto federalizado previsto asciende a 3.05 billones de pesos: 28.7% del gasto neto total. Incluye participaciones, aportaciones, convenios, subsidios y recursos de salud destinados a estados y municipios. CIEP
Otra vez: no es dinero desperdiciado.
Financia escuelas, hospitales, policías, carreteras y servicios públicos locales.
Pero ayuda a entender por qué mirar únicamente el número gigantesco de 10.6 billones produce una impresión equivocada sobre la libertad de maniobra del gobierno federal.
La bolsa es enorme.
La parte verdaderamente movible, mucho menos.
Los mexicanos que todavía no nacen
Aquí el presupuesto deja de ser únicamente una discusión entre economistas.
Una parte creciente del dinero público financia compromisos originados en el pasado mientras México necesita simultáneamente invertir en quienes vivirán en el futuro.
El contraste aparece dentro del propio proyecto.
El CIEP calcula un incremento agregado de 7.2% para educación, ciencia y cultura, pero encuentra reducciones muy distintas en su interior: Educación Inicial caería 51.5%; La Escuela es Nuestra, 25.5%; y el programa de investigación científica, 22.4%.
No significa que quitar dinero a pensionados y entregárselo a niños sea la solución. Plantearlo así sería convertir un problema estructural en una falsa pelea generacional.
La pregunta es más incómoda:
¿cómo garantiza un país los derechos que ya prometió sin consumir la capacidad de financiar los derechos y oportunidades de quienes vienen detrás?
No existe una respuesta presupuestaria indolora.
Se pueden aumentar ingresos. Modificar impuestos. Revisar gastos. Cambiar sistemas pensionarios hacia adelante. Reducir déficits. Reordenar prioridades. O aceptar más deuda.
Cada alternativa distribuye costos entre personas y generaciones diferentes.
Y algunas decisiones tienen un inconveniente adicional: una vez tomadas, acompañan al presupuesto durante décadas.
El gobierno que llegue después también pagará
Ésa quizá sea la forma más útil de leer el Paquete Económico 2027.
No solamente como el presupuesto de Claudia Sheinbaum.
Una parte pertenece a decisiones de este gobierno. Otra proviene del anterior. Otra comenzó hace décadas. Y algunas obligaciones continuarán cuando ninguno de quienes hoy discuten el presupuesto siga ocupando su cargo.
El presupuesto federal se parece cada vez menos a una hoja en blanco.
Se parece a una libreta donde cada gobierno encuentra páginas escritas por los anteriores y deja otras escritas para los siguientes.
En 2027 habrá aproximadamente 10.6 billones de pesos sobre la mesa.
Es muchísimo dinero.
Pero, según la estimación del CIEP, ocho de cada diez pesos llegarán con una instrucción previa.
La discusión importante entonces no empieza preguntando cuánto puede gastar México.
Empieza preguntando algo bastante más difícil:
¿cuánto puede todavía decidir?
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