Un estudio internacional presentado el 5 de octubre revela que ocho de cada diez personas consultadas en México recortaron gastos esenciales para sostener su vivienda. Algunas redujeron su consumo de alimentos, otras aplazaron atención médica, utilizaron ahorros o buscaron un segundo empleo. El problema va más allá de los precios inmobiliarios: una familia puede conservar su casa y, al mismo tiempo, perder estabilidad económica, salud y oportunidades.
La casa se está quedando con una parte de la vida
Una vivienda debería proporcionar seguridad, descanso y estabilidad, pero para muchas personas en México conservarla significa renunciar a otras necesidades igualmente importantes.
El problema aparece cuando pagar renta, servicios, mantenimiento o compromisos habitacionales obliga a modificar decisiones sobre alimentación, salud, ahorro y trabajo.
Una investigación internacional de Hábitat para la Humanidad, presentada el 5 de octubre de 2026, documentó hasta dónde llegan esos sacrificios.
En México, ocho de cada diez personas encuestadas dijeron haber reducido gastos en alimentos o postergado atención médica durante el último año para pagar su vivienda.
El dato es particularmente revelador porque describe una dificultad que puede permanecer invisible: familias que conservan su domicilio, pero sacrifican bienestar para conseguirlo.
La vivienda continúa funcionando como refugio físico, mientras su costo puede convertirse en una fuente permanente de inseguridad económica.
Ocho de cada diez es una advertencia y no un censo
El estudio Un hogar, pero ¿a qué costo? reunió respuestas de 30 mil 758 personas en 22 países, incluido México.
Sus resultados muestran percepciones y experiencias de las personas consultadas, por lo que no deben presentarse automáticamente como un conteo de todos los hogares mexicanos.
La distinción importa porque una encuesta internacional de opinión no sustituye las mediciones nacionales sobre ingresos, gastos y condiciones de vivienda.
Sin embargo, permite identificar comportamientos que las estadísticas de precios inmobiliarios no siempre muestran con claridad.
El resultado mexicano supera el promedio global de 75 por ciento registrado en la investigación, según informó la organización.
La diferencia sugiere una presión significativa entre las personas encuestadas en México, aunque su interpretación exige considerar el diseño y alcance del estudio.
La alimentación se convierte en una variable del presupuesto habitacional
Cuando los ingresos disponibles son limitados, los hogares deben distribuirlos entre obligaciones que no siempre pueden reducirse fácilmente.
La renta o el pago de un crédito suelen tener fechas establecidas, mientras determinadas compras de alimentos permiten ajustes inmediatos.
Eso no significa que recortar comida resulte menos grave, sino que puede convertirse en una de las pocas decisiones disponibles.
El estudio de Hábitat para la Humanidad identifica precisamente esa relación entre el costo habitacional y las modificaciones en el consumo esencial.
La información no permite determinar cuántas personas dejaron de comer, cuántas cambiaron productos o cuánto disminuyó su gasto alimentario.
Pero documenta que, entre las personas consultadas, pagar la vivienda estuvo asociado con sacrificios relacionados con una necesidad básica.
La salud también puede esperar cuando vence la renta
El mismo estudio registra personas que retrasaron o evitaron atención médica para disponer de recursos destinados a su vivienda.
La decisión puede afectar consultas, tratamientos o revisiones preventivas, aunque la investigación difundida no permite cuantificar cada situación por separado.
Postergar una consulta no equivale necesariamente a abandonar un tratamiento, pero ambas conductas merecen atención por sus posibles consecuencias.
La presión económica puede resultar especialmente delicada cuando coincide con enfermedades, gastos imprevistos o ingresos laborales inestables.
Una vivienda estable debería contribuir al bienestar de quienes la habitan, no convertirse en un motivo para descuidar otras condiciones indispensables.
El dato obliga a considerar la salud dentro de las consecuencias sociales del problema habitacional, más allá de los indicadores inmobiliarios.
El 56 por ciento teme que un imprevisto le quite estabilidad
La investigación encontró que 56 por ciento de las personas encuestadas en México teme que un problema inesperado comprometa su capacidad de conservar la vivienda.
El promedio internacional fue de 48 por ciento, ocho puntos porcentuales menos que el resultado mexicano.
La pregunta no mide desalojos efectivamente ocurridos, sino la percepción de vulnerabilidad frente a una emergencia económica.
Aun así, revela una diferencia importante entre tener actualmente dónde vivir y sentirse capaz de conservar ese espacio.
Una enfermedad, la pérdida del empleo o un gasto extraordinario pueden alterar presupuestos familiares que ya funcionan con escaso margen.
La seguridad habitacional, por tanto, no depende solamente de disponer de llaves, sino también de contar con recursos para enfrentar contingencias.
Los ahorros también están pagando el techo
Entre las personas consultadas en México, 36 por ciento declaró haber utilizado ahorros o fondos de emergencia para mantener su vivienda.
Ese comportamiento puede permitir resolver una dificultad inmediata, pero reduce los recursos disponibles para enfrentar problemas posteriores.
Utilizar ahorros no constituye necesariamente una mala decisión financiera, porque depende de las circunstancias y alternativas de cada familia.
El problema aparece cuando esa medida deja de ser excepcional y se convierte en una forma recurrente de sostener gastos ordinarios.
La encuesta no establece cuánto dinero retiraron las personas ni durante cuánto tiempo dependieron de esas reservas.
Pero permite identificar otra dimensión del costo habitacional: conservar la vivienda puede significar disminuir la protección económica frente al futuro.
Uno de cada tres buscó otro trabajo para sostener su hogar
El 34 por ciento de las personas encuestadas en México reportó haber asumido un trabajo adicional para enfrentar los costos de vivienda.
La cifra describe una respuesta laboral que puede aumentar los ingresos, aunque también exige tiempo y esfuerzo.
No permite concluir que todas esas personas tengan jornadas excesivas ni que hayan adquirido un segundo empleo exclusivamente por pagar renta.
Sin embargo, muestra que el costo habitacional puede influir en decisiones que afectan la organización cotidiana del trabajo y la vida familiar.
Un empleo adicional puede representar menos tiempo para descansar, cuidar familiares, estudiar o participar en actividades comunitarias.
La vivienda deja entonces de medirse únicamente en pesos y comienza a tener un costo expresado también en horas disponibles.
Comprar una vivienda promedio queda fuera del alcance de muchos hogares
La Comisión Nacional de Vivienda publicó en 2025 un análisis que permite contrastar las percepciones de la encuesta con información económica nacional.
De acuerdo con ese documento, el precio promedio de una vivienda en México alcanzó un millón 736 mil pesos durante 2024.
La estimación de la Conavi señala que una familia necesitaría ingresos mensuales mínimos de 24 mil 116 pesos para adquirir una vivienda de ese valor.
El cálculo supone que el pago mensual no supere 30 por ciento de los ingresos y utiliza un plazo de veinte años.
La propia institución advierte una limitación fundamental: esa simulación no incorpora intereses, seguros ni otros costos asociados con un crédito hipotecario.
Por tanto, los ingresos necesarios para comprar mediante financiamiento podrían ser mayores que los utilizados en ese ejercicio simplificado.
Menos de cuatro de cada diez hogares alcanzaban ese ingreso
La Conavi calculó que solamente 38.7 por ciento de los hogares mexicanos alcanzaba el nivel de ingresos utilizado en su ejercicio de asequibilidad.
Esto no significa que el restante 61.3 por ciento carezca de vivienda, porque existen propiedades heredadas, autoproducción, alquiler y otras formas de tenencia.
Tampoco demuestra que todos los hogares con ingresos superiores al umbral puedan obtener automáticamente un crédito hipotecario.
La cifra sí permite dimensionar la distancia entre el precio promedio de una vivienda y los ingresos disponibles de numerosas familias.
Comprar una casa no depende exclusivamente de la voluntad de ahorrar, sino también del precio del suelo, las condiciones financieras y la estabilidad laboral.
La discusión sobre vivienda necesita incorporar esa relación antes de presentar la propiedad inmobiliaria como una meta igualmente accesible para todos.
La renta tampoco garantiza que el problema sea menor
El mismo análisis oficial identificó más de seis millones de hogares que residían en viviendas alquiladas en México.
Entre ellos, 694 mil 807 destinaban más de 30 por ciento de sus ingresos corrientes al pago del alquiler.
La proporción constituye una referencia internacional utilizada para identificar posibles dificultades de asequibilidad, aunque no describe por sí sola todas las condiciones familiares.
Dos hogares pueden pagar el mismo porcentaje de ingresos y enfrentar situaciones muy distintas según sus necesidades y recursos disponibles.
También importa conocer el tamaño de la vivienda, su ubicación, la calidad de sus servicios y los costos de transporte asociados.
Por eso, una renta aparentemente económica puede resultar costosa cuando obliga a recorrer grandes distancias o habitar espacios inadecuados.
La Ciudad de México encabeza una medición de presión habitacional
Un estudio de la Conavi, elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, identificó diferencias estatales.
Según ese análisis, 7.5 por ciento de los hogares de Ciudad de México destinaba más de 30 por ciento de sus ingresos corrientes a gastos habitacionales.
Le seguían Querétaro, con 5.5 por ciento; Quintana Roo, con 5.3; Baja California y Jalisco, ambos con 5 por ciento.
La medición considera alquiler, mantenimiento y servicios necesarios para residir en la vivienda, no exclusivamente el pago de renta.
En el conjunto nacional, la Conavi identificó un millón 211 mil 916 hogares bajo esa condición, equivalentes a 3.2 por ciento del total.
Ese 3.2 por ciento no contradice la encuesta del 80 por ciento
A primera vista, los resultados parecen incompatibles: una medición identifica 3.2 por ciento de hogares con elevada carga habitacional y otra registra sacrificios generalizados.
La explicación está en que ambas investigaciones miden cosas distintas, utilizan metodologías diferentes y no necesariamente estudian a la misma población.
La Conavi calcula una relación entre gastos habitacionales registrados e ingresos corrientes de los hogares, utilizando datos oficiales de 2024.
Hábitat para la Humanidad pregunta por decisiones de consumo, ahorro, atención médica y trabajo relacionadas con la capacidad de pagar vivienda.
Una familia puede destinar menos de 30 por ciento de sus ingresos al alojamiento y aun así recortar alimentos por insuficiencia económica.
Del mismo modo, superar ese porcentaje no demuestra automáticamente que todos sus integrantes hayan pospuesto consultas o utilizado ahorros.
El precio de la casa no cuenta toda la historia
El costo de vivir en determinado lugar incluye gastos que pueden quedar fuera de las comparaciones habituales entre precios de venta o alquiler.
Transporte, servicios, mantenimiento y tiempo de traslado pueden modificar considerablemente el presupuesto disponible después de cubrir las obligaciones habitacionales.
Una vivienda más alejada del empleo podría tener una renta menor, pero exigir mayores desembolsos y horas de desplazamiento.
Una propiedad cercana a servicios públicos puede reducir determinadas necesidades de transporte, aunque su precio de adquisición sea más elevado.
Por ello, comparar solamente metros cuadrados y mensualidades ofrece una imagen incompleta de las condiciones de vida.
La política habitacional necesita considerar la relación entre vivienda, empleo, movilidad y acceso efectivo a servicios.
La autoproducción es una respuesta a las barreras del mercado
Hábitat para la Humanidad señaló que aproximadamente 57.3 por ciento de las viviendas mexicanas son producto de procesos de autoproducción.
La organización explicó que numerosas familias construyen progresivamente sus hogares, frecuentemente sin financiamiento formal ni asistencia técnica suficiente.
La autoproducción puede ofrecer una alternativa para quienes no encuentran opciones adecuadas dentro del mercado inmobiliario tradicional.
Sin embargo, sus resultados dependen de condiciones de suelo, seguridad estructural, disponibilidad de servicios y recursos familiares.
No todas las viviendas autoconstruidas presentan deficiencias, como tampoco todas las propiedades adquiridas mediante desarrolladores garantizan condiciones adecuadas.
La cuestión central es facilitar que cualquier modalidad habitacional cumpla estándares de seguridad, habitabilidad y acceso a servicios.
La vivienda también puede aplazar decisiones familiares
La investigación internacional encontró que casi seis de cada diez madres y padres consultados temen que los costos habitacionales limiten las oportunidades de sus hijos.
El resultado expresa una preocupación sobre el futuro, no una medición directa de cuántos estudiantes abandonaron la escuela por pagar vivienda.
Sin embargo, permite identificar una relación social relevante entre estabilidad habitacional y posibilidades de desarrollo de las nuevas generaciones.
Cuando una familia destina recursos extraordinarios al alojamiento, dispone de menor margen para financiar determinadas actividades educativas o recreativas.
La dimensión del problema depende de ingresos, composición familiar y servicios públicos disponibles, entre otras condiciones.
Por eso, la vivienda adecuada debe entenderse como una plataforma para ejercer otros derechos y no únicamente como una construcción física.
El optimismo también aparece entre las personas encuestadas
Pese a las dificultades registradas, 81 por ciento de las personas consultadas en México espera mejorar su situación habitacional durante los próximos tres años.
La expectativa contrasta con el 56 por ciento que teme perder estabilidad ante un imprevisto económico.
Ambos resultados pueden coexistir porque una persona puede aspirar a mejores condiciones mientras reconoce riesgos importantes en su situación actual.
La encuesta no demuestra que esas expectativas vayan a cumplirse ni permite anticipar el comportamiento de los precios inmobiliarios.
Sí revela que la vivienda continúa asociada con proyectos de movilidad social, patrimonio y bienestar familiar.
El desafío de las políticas públicas consiste en transformar esas aspiraciones en oportunidades efectivas, medibles y sostenibles.
La política de vivienda necesita mirar también a quienes rentan
La política habitacional mexicana contempla construcción, mejoramiento, regularización y distintas modalidades de acceso a vivienda.
Sin embargo, las necesidades de quienes alquilan no son idénticas a las de quienes buscan adquirir una propiedad.
Los hogares arrendatarios enfrentan decisiones relacionadas con contratos, incrementos de renta, estabilidad residencial y posibilidades de ahorro.
Quienes construyen progresivamente necesitan otras herramientas, como acceso a suelo adecuado, financiamiento y asistencia técnica.
Los propietarios con viviendas deterioradas pueden requerir apoyos para mantenimiento, rehabilitación o adaptación de espacios.
Una estrategia integral debe reconocer esas diferencias antes de evaluar sus resultados mediante un único número de viviendas construidas.
El costo social comienza mucho antes de perder la casa
La pérdida de una vivienda representa una manifestación extrema de inseguridad habitacional, pero no es la única consecuencia posible.
Los datos de Hábitat para la Humanidad muestran personas que conservan su alojamiento mediante ajustes en alimentación, salud, ahorro y trabajo.
Las estadísticas oficiales, por su parte, documentan barreras económicas para adquirir vivienda y dificultades de asequibilidad entre determinados hogares arrendatarios.
Ambas fuentes permiten examinar dimensiones complementarias de un problema que no puede explicarse exclusivamente mediante los precios inmobiliarios.
La discusión pública necesita preguntar no solamente cuántas personas tienen vivienda, sino qué deben sacrificar para conservarla.
Una casa puede seguir en pie mientras la economía de quienes viven dentro se deteriora. El verdadero costo social de la vivienda también está en la comida que se recorta, la consulta que se aplaza y el tiempo que se trabaja de más para pagarla.
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